MILENIO VIRTUAL. Por Arturo Gómez SalgadoEspecialistas en el tema de la educación señalan que la excesiva nómina sindical limita al gobierno federal para invertir en capacitación, equipamiento de planteles e infraestructura.
Investigadores y académicos advierten del riesgo de que una vez más los esfuerzos del gobierno federal por impulsar la urgente reforma educativa queden en simples buenos deseos, si antes no se extirpa la corrupción y clientelismo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el cual, además de sus recurrentes paros, absorbe sin justificación 96.4 por ciento del presupuesto educativo anual. “En el sector educativo se arrastra una excesiva burocracia y gasto magisterial que obstaculiza todo intento por mejorar la enseñanza y elevar la calidad de la infraestructura escolar”, asegura la académica del Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Educación (IIDE), de la Universidad Iberoamericana, doctora Mercedes de Agüero Servín.
Expuso que aunque en este año la Secretaría de Educación Pública (SEP) fue una de las más beneficiadas con un presupuesto histórico de 200 mil 930 millones de pesos, nada se ha podido avanzar en la calidad de la enseñanza debido a que persisten prácticas clientelares y pagos por lealtades políticas que impiden el uso eficiente de los recursos económicos para el impulso de las metas educativas”. La investigadora mencionó que es incomprensible que 96.4 por ciento del presupuesto educativo se ejerza en gasto corriente —pago de salarios y prestaciones, principalmente—, cuando en otras naciones ese porcentaje no representa siquiera 70 por ciento y el resto se invierte en equipamiento, capacitación, desarrollo humano, adquisición de equipo didáctico e impulso de la investigación científica y tecnológica. “Lo que estamos viendo es la manutención de una maraña de líderes y seudo líderes sindicales que han hecho de la educación un botín político vendiendo plazas, manejando arbitrariamente las cuotas sindicales y autorizado dobles y triples turnos para sus correligionarios o parientes ‘habilitados’ como maestros”, subraya la catedrática.
Apunta que esa ignominiosa situación es lo que más impacta en la calidad de la educación y prueba de ello es la grave deficiencia educativa de los docentes, comprobada en los recientes exámenes realizados por el Instituto de Evaluación Educativa (IIE), donde 70 por ciento obtuvo resultados reprobatorios e incluso se detectó que muchos de ellos no tenían siquiera idea del manejo del material didáctico por haber “comprado” la plaza dentro del enjambre de corrupción que impera en el sindicato magisterial. Agüero Servín aclaró que no todos los maestros están inmersos en ese círculo de corrupción, siendo los excluidos de él en quienes realmente recae el compromiso y esfuerzo para la reforma educativa que, insistió, no podrá avanzar mientras persistan cacicazgo, clientelismo y corrupción en el sindicato magisterial.
En ese sentido, el académico e investigador Gilberto Guevara Niebla señala que la excesiva concentración del gasto educativo en pago de salarios y prestaciones a un millón 500 mil docentes limita la capacidad del gobierno federal para atender otras prioridades, como son capacitación, equipamiento de planteles y ampliación de la infraestructura, por lo que sería sano vincular el gasto con la productividad y eficiencia terminal de los planteles y maestros. Ambos catedráticos califican como un avance importante someter a concurso el acceso a las plazas magisteriales con base al conocimiento profesional de cada candidato y ya no por antigüedad o “promoción” de las secciones sindicales o de la propia dirigencia magisterial, que es la que tolera o instrumenta la venta de plazas.
Calificaron de lamentable los recurrentes paros de actividades de maestros en los estados de Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Guerrero, que afectan a miles de escolapios y que impedirán cumplir con los 200 días de clases establecidos en la Ley Federal de Educación para el ciclo 2009-2010, “lo que lleva a las autoridades educativas a emprender un serio esfuerzo de productividad con el sindicato magisterial para obligar a los docentes a cumplir cabalmente con el programa educativo anual”.
Los investigadores recordaron que el promedio de asistencia en Estados Unidos, Inglaterra, Corea y Japón es de 240 días de clases inconmutables, “y no sería mala idea que nuestro calendario escolar se acercara a esos estándares para un mejor aprovechamiento escolar, y que no se tolere bajo ningún concepto que los recursos destinados a la educación sirvan para el pago de prerrogativas sindicales o políticas”.
Al respecto, la organización México Primero apunta que lamentablemente, a más de un año de la firma de la Alianza por la Calidad Educativa (ACE), persisten en el sindicato magisterial las lesivas prácticas de herencia y venta de plazas que impiden renovar y mejorar la planta docente, pieza fundamental para avanzar en la calidad de la enseñanza. En su estudio “Contra la Pared: Estado de la Educación en México”, la organización destaca que un ejemplo del gran poder político y económico del sindicato magisterial que impide avanzar en la ACE es que sólo 18 por ciento de las nuevas plazas asignadas en este año se sometieron a concurso, y el resto —26 mil 764— fueron asignadas mediante el método tradicional de afiliación político-sindical, tráfico de influencias o venta a cargo de las dirigencias seccionales.
La organización civil destaca que es tal la negativa de la cúpula magisterial de desprenderse de prebendas que en estados como Nayarit, Hidalgo y Tlaxcala, sólo se sometieron a concurso menos de uno por ciento de las nuevas plazas docentes, quedando a voluntad de los líderes locales la asignación a favor de sus correligionarios sin evaluación previa de conocimientos profesionales.
LA “CARGA MAGISTERIAL”
Un estudio del Instituto de Fomento e Investigación Educativa (IFIE) advierte que todo esfuerzo por mejorar la educación se verá seriamente limitado de no liberarse recursos a programas específicos de capacitación, calificación y desarrollo humano, ya que el magisterio absorbe millonarias cantidades del presupuesto en pago de sueldos pero no demuestra eficiencia terminal. Destaca que frente a una baja productividad y elevado ausentismo, el salario de los maestros es 2.25 veces mayor frente al ingreso per cápita promedio de los mexicanos que, por otra parte y en su mayoría, no cuentan con prestaciones tales como asistencia médica, fondo de vivienda, vacaciones y aguinaldo.
Además, señala, el promedio de días pagados a los maestros de educación básica en el país por dobles turnos es de 466 días al año, es decir ganan casi 16 meses de salario por año, sin incluir otras compensaciones en monto fijo y al menos 90 días de vacaciones anuales. Datos propios del INEE revelan que poco más de 60 por ciento de los maestros tiene dobles turnos y en el caso de los afiliados al SNTE, se registra una elevada tasa de ausentismo por “comisiones de trabajo” u otras encomiendas o asignaturas, lo que redunda negativamente en el nivel de enseñanza de los alumnos.
El IFIE destaca que los desertores y reprobados en el sistema educativo básico cuestan anualmente al país 22 mil millones de pesos, lo que representa más de 10 por ciento del presupuesto educativo “y en ese problema mucho tiene que ver el ausentismo y la falta de calificación de los mentores, más ocupados en asuntos políticos y en la defensa de sus prebendas que en ofrecer buenos resultados de su labor docente”.
Un ejemplo claro de las prebendas que maneja el sindicato magisterial, precisa el IFIE, es que entre 1990 y el año pasado ha recibido más de 15 mil millones de pesos para el Fideicomiso de Vivienda Magisterial, además de cuatro mil 500 millones de pesos para el Fondo de Rezonificación como parte de una asignación de 40 mil millones de pesos orientada a reforzar la descentralización educativa. El IFIE enfatiza que además de todas esas partidas presupuestales, la cúpula magisterial sindical maneja a su arbitrio cantidades millonarias de cuotas sindicales que lo han hecho un sindicato muy poderoso en lo económico y lo político, y esa burocracia no está dispuesto a perder sus prebendas en aras de mejorar la educación. Tan sólo en la pasada revisión contractual el gobierno federal otorgó a los maestros un aumento salarial de 5.5 por ciento y 15 por ciento para compensación provisional compactable. Asimismo quedaron comprometidos 550 millones de pesos para el programa de carrera magisterial y 349.5 millones para capacitación y actualización de los docentes a fin de que se sometan a examen para aspirar a una mejor plaza, aunque en la práctica subsiste el compadrazgo y pago de lealtades político-sindicales.
Estimaciones del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) destacan que el sindicalismo magisterial está, junto con el Sindicato de Trabajadores Petroleros (STPRM) y el extinto Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), entre los que más recursos económicos manejan por concepto de cuotas sindicales, de las cuales sus dirigentes no rinden cuentas amparados en la libertad sindical. De acuerdo a cálculos del CIDAC, hasta antes del 10 de octubre, en que se decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro, se entregaban al SME más de 450 millones de pesos anuales por pago de cuotas de sus 44 mil 500 agremiados. Al sindicato petrolero, con 114 mil 800 afiliados, se entregan anualmente alrededor de mil 200 millones de pesos, y al SNTE, con un millón y medio de agremiados, una cantidad que se resguarda como secreto de Estado pero que podría estar muy cercana a mil millones de pesos.
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