“La atención pública centrada en la ola de indignación justa y legítima se ha dado luego del asesinato del joven Fernando Martí, hijo de un importante empresario deportivo. Se trata de un sentimiento de rechazo generalizado a estos hechos violentos” dice el periodista de La Jornada Julio Hernández López. Esta situación extrema no es exclusiva del estrato social alto sino de todos los niveles. El asunto no es imputable a las luchas del narcotráfico, baste recordar a los muchachos que venían de una fiesta y fueron asesinados porque se les confundió con miembros de alguna banda.
En todo el país se vive una sensación no sólo de injusticia sino de irritación y de frustración… las instituciones encargadas de impartir justicia no funcionan como debieran. El Presidente Calderón ha hecho fuertes declaraciones con respecto al tema del secuestro, sin embargo, la atención del Presidente, en el caso citado, es selectiva. El asesinato del niño -quien resulta ser hijo de un importante empresario deportivo, algo que no tiene nada de malo- no debiera ser de mayor importancia que los secuestros y asesinatos de la gente de a pie.
La avalancha televisiva de cadena perpetua a secuestradores propuesta por Calderón (de fechas anteriores) pareciera una actitud populista, demagógica, oportunista, que resurge a partir del lamentable caso citado, ocurrido en el centro del país.
Competentes voces señalan que aumentando las penas no se abatiría la delincuencia; hay razones más profundas… estructurales: la impunidad generalizada, la inmensa desigualdad social y económica: unos cuantos inmensamente millonarios y una colosal masa empobrecida que no tiene salida, ni esperanza, ni expectativa de vida (y que entre otras derivaciones, como familias desquebrajadas por el sueño americano, influencia del alcohol y otras drogas…) produce desequilibrados que optan por el camino equivocado de la delincuencia organizada, aparente vía fácil para agenciarse de dinero que de otra manera este país no ofrece.
El asunto no es menor, el caso pone en evidencia la vulnerabilidad familiar, la fragilidad de los hogares mexicanos; recordemos el caso de la actriz Laura Zapata; o recientemente el de la cantante Eugenia León, a quien asaltaron con violencia en el interior de su domicilio, la ataron junto a su hijo y a una empleada doméstica mientras los asaltantes robaban joyas, dinero y un vehículo de la intérprete (http://alertaperiodistica.wordpress.com/); o el reciente caso -hermético aún- del levantón del comandante Héctor Rojas y su esposa en Jalapa, atribuido a los zetas (http://bambapolitica.blogspot.com/2008/08).
La violencia de la región de Los Tuxtlas tampoco es un asunto menos trascendente, no debiera serlo, lo decimos porque es nuestro entorno inmediato. Asuntos graves como: el secuestro y asesinato de Jesús de la Parra y su chofer (http://www.diarioeyipantla.com/cutenews-e/print.php?id=1181315921&archive=1190468378); o el secuestro frustrado de Antonio Chipol Ambros, por quien pedían trescientos mil pesos en Catemaco y fuera rescatado sano (http://www.notiver.com.mx/index.php?id=74922); o el caso Calería, en donde autoridades federales, estatales y municipales capturaron al presunto secuestrador José Luis Chontal Arrez (a) el Joe (http://www.lostuxtlasdiario.com/cms/content/view/2012/133/); o el caso de la camioneta encontrada en Catemaco de los presuntos plagiarios de Mario Cuevas Salas de Minatitlán, y que luego su mamá colocara un anuncio espectacular a un costado del WTC de Boca del Río con un mensaje al gobernador; o el caso de la señora Isabel Cervantes Sosa de la comunidad de Dos Amates, municipio de Catemaco, secuestrada y asesinada recientemente en el interior de su vivienda, y a quien robaron sólo diez mil pesos, según señala el periodista Jesús Córdoba (http://www.politicalostuxtlas.com/noticia-category-7.html); o el multicitado asesinato de los dos veladores del mercado municipal de Santiago Tuxtla, anunciado a bramido de altavoces, sobre todo cuando se informó la captura de los presuntos homicidas; los casos citados son, sin duda, clara evidencia del miasma social que ya pervive en la región y que provoca escozor y consternación en las familias tuxtecas. (Se dice, además, en corrillos de portales, que existen misteriosos casos de secuestros de empresarios de la región; temas que por más que se intenta, no logran quedarse en secrecía.)
En fin, es un hecho que el estercolero propio de las grandes metrópolis, se ha extendido poco a poco -y cada vez más recurrente- a la Región de Los Tuxtlas.
Consecuentemente, ante los acontecimientos de inseguridad nacional, estatal y local nos preguntamos: ¿qué debiera hacer la sociedad civil?, ¿vencerse y perder toda esperanza?, ¿dejar la responsabilidad a las autoridades? o ¿prepararse?, ¿organizarse?
Si optásemos por prepararnos, la pregunta obligada sería… ¿cómo?
Lo mejor, quizá, sería ¿conformar grupos de vecinos para plantear soluciones a posibles problemas de inseguridad? ¿Acudir a las autoridades municipales en turno para solicitarles que tengan al alcance del pueblo un registro detallado de los policías (foto, procedencia, edad, etc.)? Es decir, ¿conocer las caras y nombres de quienes deben procurarnos protección: policía raso, cabo, subcomandante, comandante, etc.? ¿Solicitar mejoramiento de salarios y profesionalización continua a los cuerpos de seguridad? ¿Tener a la mano teléfonos de emergencia local, estatal y nacional? ¿Hacer un listado de los teléfonos de los vecinos? ¿Consultar páginas relacionadas con la seguridad familiar?, por ejemplo: (www.internetxaire.com.ar/tribuna/noticia.php?_edicion=36&id=1355) o (www.jaja.cl/?a=4181) ¿Son éstas, acciones violatorias o apegadas a derecho? ¿Estaremos exagerando?... ¿Usted qué opina, amable lector?
En todo el país se vive una sensación no sólo de injusticia sino de irritación y de frustración… las instituciones encargadas de impartir justicia no funcionan como debieran. El Presidente Calderón ha hecho fuertes declaraciones con respecto al tema del secuestro, sin embargo, la atención del Presidente, en el caso citado, es selectiva. El asesinato del niño -quien resulta ser hijo de un importante empresario deportivo, algo que no tiene nada de malo- no debiera ser de mayor importancia que los secuestros y asesinatos de la gente de a pie.
La avalancha televisiva de cadena perpetua a secuestradores propuesta por Calderón (de fechas anteriores) pareciera una actitud populista, demagógica, oportunista, que resurge a partir del lamentable caso citado, ocurrido en el centro del país.
Competentes voces señalan que aumentando las penas no se abatiría la delincuencia; hay razones más profundas… estructurales: la impunidad generalizada, la inmensa desigualdad social y económica: unos cuantos inmensamente millonarios y una colosal masa empobrecida que no tiene salida, ni esperanza, ni expectativa de vida (y que entre otras derivaciones, como familias desquebrajadas por el sueño americano, influencia del alcohol y otras drogas…) produce desequilibrados que optan por el camino equivocado de la delincuencia organizada, aparente vía fácil para agenciarse de dinero que de otra manera este país no ofrece.
El asunto no es menor, el caso pone en evidencia la vulnerabilidad familiar, la fragilidad de los hogares mexicanos; recordemos el caso de la actriz Laura Zapata; o recientemente el de la cantante Eugenia León, a quien asaltaron con violencia en el interior de su domicilio, la ataron junto a su hijo y a una empleada doméstica mientras los asaltantes robaban joyas, dinero y un vehículo de la intérprete (http://alertaperiodistica.wordpress.com/); o el reciente caso -hermético aún- del levantón del comandante Héctor Rojas y su esposa en Jalapa, atribuido a los zetas (http://bambapolitica.blogspot.com/2008/08).
La violencia de la región de Los Tuxtlas tampoco es un asunto menos trascendente, no debiera serlo, lo decimos porque es nuestro entorno inmediato. Asuntos graves como: el secuestro y asesinato de Jesús de la Parra y su chofer (http://www.diarioeyipantla.com/cutenews-e/print.php?id=1181315921&archive=1190468378); o el secuestro frustrado de Antonio Chipol Ambros, por quien pedían trescientos mil pesos en Catemaco y fuera rescatado sano (http://www.notiver.com.mx/index.php?id=74922); o el caso Calería, en donde autoridades federales, estatales y municipales capturaron al presunto secuestrador José Luis Chontal Arrez (a) el Joe (http://www.lostuxtlasdiario.com/cms/content/view/2012/133/); o el caso de la camioneta encontrada en Catemaco de los presuntos plagiarios de Mario Cuevas Salas de Minatitlán, y que luego su mamá colocara un anuncio espectacular a un costado del WTC de Boca del Río con un mensaje al gobernador; o el caso de la señora Isabel Cervantes Sosa de la comunidad de Dos Amates, municipio de Catemaco, secuestrada y asesinada recientemente en el interior de su vivienda, y a quien robaron sólo diez mil pesos, según señala el periodista Jesús Córdoba (http://www.politicalostuxtlas.com/noticia-category-7.html); o el multicitado asesinato de los dos veladores del mercado municipal de Santiago Tuxtla, anunciado a bramido de altavoces, sobre todo cuando se informó la captura de los presuntos homicidas; los casos citados son, sin duda, clara evidencia del miasma social que ya pervive en la región y que provoca escozor y consternación en las familias tuxtecas. (Se dice, además, en corrillos de portales, que existen misteriosos casos de secuestros de empresarios de la región; temas que por más que se intenta, no logran quedarse en secrecía.)
En fin, es un hecho que el estercolero propio de las grandes metrópolis, se ha extendido poco a poco -y cada vez más recurrente- a la Región de Los Tuxtlas.
Consecuentemente, ante los acontecimientos de inseguridad nacional, estatal y local nos preguntamos: ¿qué debiera hacer la sociedad civil?, ¿vencerse y perder toda esperanza?, ¿dejar la responsabilidad a las autoridades? o ¿prepararse?, ¿organizarse?
Si optásemos por prepararnos, la pregunta obligada sería… ¿cómo?
Lo mejor, quizá, sería ¿conformar grupos de vecinos para plantear soluciones a posibles problemas de inseguridad? ¿Acudir a las autoridades municipales en turno para solicitarles que tengan al alcance del pueblo un registro detallado de los policías (foto, procedencia, edad, etc.)? Es decir, ¿conocer las caras y nombres de quienes deben procurarnos protección: policía raso, cabo, subcomandante, comandante, etc.? ¿Solicitar mejoramiento de salarios y profesionalización continua a los cuerpos de seguridad? ¿Tener a la mano teléfonos de emergencia local, estatal y nacional? ¿Hacer un listado de los teléfonos de los vecinos? ¿Consultar páginas relacionadas con la seguridad familiar?, por ejemplo: (www.internetxaire.com.ar/tribuna/noticia.php?_edicion=36&id=1355) o (www.jaja.cl/?a=4181) ¿Son éstas, acciones violatorias o apegadas a derecho? ¿Estaremos exagerando?... ¿Usted qué opina, amable lector?
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