Tomado del periódico virtual La jornada.
Los atentados terroristas perpetrados en la ciudad de Morelia el pasado 15 de septiembre suscitaron en gran parte de los medios mexicanos e internacionales diversos enfoques sobre la relevancia del narcotráfico en México y su paralelismo con Colombia.
Esos enfoques distorsionan en varias direcciones la vida política de México, a veces magnificando el conflictivo proceso del narcotráfico en nuestro país, otras confundiendo y olvidando el derrumbe real de nuestra vida económica, y otros momentos tratando de capitalizar políticamente, o mejor, partidariamente, la escalada de violencia de los cárteles del narcotráfico. Un ejemplo contundente y grave es el proyecto de Presupuesto de Egresos que se avecina para el próximo ejercicio de 2009: incremento notable a las partidas de Sedena, SSP y Cisen, y decremento en las áreas de salud, educación y seguridad social. Este enfoque de política presupuestal demuestra que la administración federal supone que los graves conflictos del país se resolverían con más aparatos de represión y reducción de garantías, y aleja la atención del empobrecimiento y estancamiento real de la economía nacional, que se encuentra en el sótano de los 20 países latinoamericanos analizados por la Cepal. Lo ocurrido en Morelia puede rendir, pues, óptimos resultados mediáticos al gobierno mexicano.
Difícil tener dudas acerca del atentado: es narcoterrorismo. Se trata de una acción inédita cometida en la tierra natal del presidente Felipe Calderón, que fue el estado donde se inició la guerra mediática y militar contra el narcotráfico. En muchos sitios del país, por otra parte, desde hace meses, han proliferado narcomantas denunciando la parcialidad gubernamental de esta guerra. Se trata de un cambio de mensajes al gobierno federal: de las narcomantas y los ataques a población civil (Creel y Ciudad Juárez, en Chihuahua; Ocoyoacac, en el estado de México; Mérida, en Yucatán), a granadas de fragmentación. Estamos, por tanto, ante un proceso gradual, ascendente y continuado.
Y en efecto, tenemos una posible similitud con la Colombia de los años 80: la fuerza económica, social y armamentista del narcotráfico, por un lado, y la porosidad y corrupción de políticos, de estructuras policiales y militares y algunos cuadros de la administración pública en carreteras, aeropuertos, aduanas o puertos, por otro. Todo esto es reflejo de los insuficientes e ineficaces servicios de inteligencia, situación que se ha agudizado en las pasadas cuatro administraciones federales. La guerra contra el narcotráfico carece de servicios de inteligencia y es sumamente errática. Es un caldo de cultivo para avivar el sometimiento policial y militar de México a los proyectos de seguridad hemisférica de Estados Unidos mediante proyectos como el Plan Colombia y el Plan Mérida.
Un periodista argentino del diario La Nación me comentó hace poco que algunos analistas han empezado a usar la expresión narco-Estado a la hora de hablar de México. Me parece exagerado y sobre todo erróneo. El Estado mexicano se está desmantelando por su sometimiento a la globalización económica irracional, no por el narcotráfico. Es un Estado debilitado por el neoliberalismo, con una población cada vez más empobrecida, con un gobierno cada vez más inepto y vulnerable y de gran docilidad y fidelidad a los intereses de los grandes consorcios. El narcotráfico no es el enemigo mortal del país, sino los consorcios trasnacionales, la extranjerización de nuestra economía en servicios bancarios y financieros, en el comercio, en productos agrícolas y en el sector de la energía. Hablar de narco-Estado equivale a olvidar la postración económica a que nos han llevado el desmantelamiento de la empresa pública y el repliegue del Estado en la rectoría de la economía nacional.
Desde hace tiempo me han preguntado en México y fuera de aquí si era posible que existiera alguna relación entre la guerrilla y los clanes del narcotráfico, como sí ocurrió en Colombia. No sólo me parece impensable, sino ridículo. Está claro que los vínculos reales y que más interesan al narcotráfico se encuentran en las corporaciones policiales y militares, entre políticos y diversos niveles de la administración pública, con bancos y financieras en el lavado de dinero y en la inversión legal de recursos blanqueados. Éstos son los vínculos reales y útiles al narcotráfico. La guerrilla opera en otros órdenes sociales y con otros objetivos.
En suma, no bastan ahora al crimen organizado las varias decenas de ejecuciones y decapitados diarios, ni las narcomantas para denunciar a autoridades federales. Ahora, en la tierra natal de Felipe Calderón, fueron dos granadas de fragmentación arrojadas a la multitud los nuevos mensajes. En el país entero, el narcoterrorismo demuestra que no es un fenómeno de criminalidad regional, como pretende hacernos creer la perspectiva gubernamental, sino un proceso de descomposición nacional, reflejo de los insuficientes servicios de inteligencia en México. Lo ocurrido en Morelia fue una acción terrorista, que expande la violencia en el corazón de la población civil. Los avisos y amenazas que fueron del conocimiento de autoridades locales aseguraron la inmediata respuesta de ambulancias, pero no la prevención del acto terrorista ni la cancelación de la concentración popular. México no sólo ocupa el último lugar de crecimiento económico en los 20 países latinoamericanos estudiados por la Cepal, insisto. Hoy se estrena como país vulnerable al narcoterrorismo. Una demostración palpable de que el gobierno mexicano está perdiendo el control del país.
Esos enfoques distorsionan en varias direcciones la vida política de México, a veces magnificando el conflictivo proceso del narcotráfico en nuestro país, otras confundiendo y olvidando el derrumbe real de nuestra vida económica, y otros momentos tratando de capitalizar políticamente, o mejor, partidariamente, la escalada de violencia de los cárteles del narcotráfico. Un ejemplo contundente y grave es el proyecto de Presupuesto de Egresos que se avecina para el próximo ejercicio de 2009: incremento notable a las partidas de Sedena, SSP y Cisen, y decremento en las áreas de salud, educación y seguridad social. Este enfoque de política presupuestal demuestra que la administración federal supone que los graves conflictos del país se resolverían con más aparatos de represión y reducción de garantías, y aleja la atención del empobrecimiento y estancamiento real de la economía nacional, que se encuentra en el sótano de los 20 países latinoamericanos analizados por la Cepal. Lo ocurrido en Morelia puede rendir, pues, óptimos resultados mediáticos al gobierno mexicano.
Difícil tener dudas acerca del atentado: es narcoterrorismo. Se trata de una acción inédita cometida en la tierra natal del presidente Felipe Calderón, que fue el estado donde se inició la guerra mediática y militar contra el narcotráfico. En muchos sitios del país, por otra parte, desde hace meses, han proliferado narcomantas denunciando la parcialidad gubernamental de esta guerra. Se trata de un cambio de mensajes al gobierno federal: de las narcomantas y los ataques a población civil (Creel y Ciudad Juárez, en Chihuahua; Ocoyoacac, en el estado de México; Mérida, en Yucatán), a granadas de fragmentación. Estamos, por tanto, ante un proceso gradual, ascendente y continuado.
Y en efecto, tenemos una posible similitud con la Colombia de los años 80: la fuerza económica, social y armamentista del narcotráfico, por un lado, y la porosidad y corrupción de políticos, de estructuras policiales y militares y algunos cuadros de la administración pública en carreteras, aeropuertos, aduanas o puertos, por otro. Todo esto es reflejo de los insuficientes e ineficaces servicios de inteligencia, situación que se ha agudizado en las pasadas cuatro administraciones federales. La guerra contra el narcotráfico carece de servicios de inteligencia y es sumamente errática. Es un caldo de cultivo para avivar el sometimiento policial y militar de México a los proyectos de seguridad hemisférica de Estados Unidos mediante proyectos como el Plan Colombia y el Plan Mérida.
Un periodista argentino del diario La Nación me comentó hace poco que algunos analistas han empezado a usar la expresión narco-Estado a la hora de hablar de México. Me parece exagerado y sobre todo erróneo. El Estado mexicano se está desmantelando por su sometimiento a la globalización económica irracional, no por el narcotráfico. Es un Estado debilitado por el neoliberalismo, con una población cada vez más empobrecida, con un gobierno cada vez más inepto y vulnerable y de gran docilidad y fidelidad a los intereses de los grandes consorcios. El narcotráfico no es el enemigo mortal del país, sino los consorcios trasnacionales, la extranjerización de nuestra economía en servicios bancarios y financieros, en el comercio, en productos agrícolas y en el sector de la energía. Hablar de narco-Estado equivale a olvidar la postración económica a que nos han llevado el desmantelamiento de la empresa pública y el repliegue del Estado en la rectoría de la economía nacional.
Desde hace tiempo me han preguntado en México y fuera de aquí si era posible que existiera alguna relación entre la guerrilla y los clanes del narcotráfico, como sí ocurrió en Colombia. No sólo me parece impensable, sino ridículo. Está claro que los vínculos reales y que más interesan al narcotráfico se encuentran en las corporaciones policiales y militares, entre políticos y diversos niveles de la administración pública, con bancos y financieras en el lavado de dinero y en la inversión legal de recursos blanqueados. Éstos son los vínculos reales y útiles al narcotráfico. La guerrilla opera en otros órdenes sociales y con otros objetivos.
En suma, no bastan ahora al crimen organizado las varias decenas de ejecuciones y decapitados diarios, ni las narcomantas para denunciar a autoridades federales. Ahora, en la tierra natal de Felipe Calderón, fueron dos granadas de fragmentación arrojadas a la multitud los nuevos mensajes. En el país entero, el narcoterrorismo demuestra que no es un fenómeno de criminalidad regional, como pretende hacernos creer la perspectiva gubernamental, sino un proceso de descomposición nacional, reflejo de los insuficientes servicios de inteligencia en México. Lo ocurrido en Morelia fue una acción terrorista, que expande la violencia en el corazón de la población civil. Los avisos y amenazas que fueron del conocimiento de autoridades locales aseguraron la inmediata respuesta de ambulancias, pero no la prevención del acto terrorista ni la cancelación de la concentración popular. México no sólo ocupa el último lugar de crecimiento económico en los 20 países latinoamericanos estudiados por la Cepal, insisto. Hoy se estrena como país vulnerable al narcoterrorismo. Una demostración palpable de que el gobierno mexicano está perdiendo el control del país.
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